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Pablo Martín: "Compañeros de viaje"

BlogSocialistes | 12 Juny, 2009 09:26

Pasadas las elecciones europeas con los resultados ya conocidos por todos, hemos tenido ocasión de comprobar que la proliferación de análisis, conjeturas y vaticinios que han motivado, es inversamente proporcional al interés que suscitaron entre los ciudadanos.

Independientemente de las conclusiones que cada uno haya alcanzado, es evidente que las lecturas que se desprenden de las cifras y datos que arrojan en clave europea, estatal, autonómica y local, al margen de otras obvias, son muy variadas.

En cuanto a la incidencia que puedan haber tenido éstas en la realidad parlamentaria de nuestro país, se ha aludido ya a la presentación de hipotéticas cuestiones de confianza o mociones de censura curiosamente sugeridas por una formación que ha dejado bien claro su desmarque de las mismas, permitiendo de esa manera que se inmole en solitario el partido que sea tan temerario de plantearlas sin su cada vez más recomendable apoyo.

También se ha aventurado que el descenso de votos en Cataluña puede interpretarse como castigo a las sucesivas demoras en el anuncio del funcionamiento de los engranajes del futuro sistema de financiación autonómica. Independientemente de lo acertado o no de tal aserto, se ha constatado, una vez más, la inmensa importancia electoral de la citada comunidad autónoma, sobre todo para el partido socialista, y su enorme influencia y capacidad de incidir, cuando no decisivamente, sí de manera plausible en los resultados de toda índole de comicios que se celebren.Sobre tal cuestión es necesario realizar una serie de consideraciones.

El futuro sistema de financiación de las comunidades autónomas ha de erigirse en el mecanismo que repare las desigualdades existentes entre éstas en todas las acepciones posibles del término. Es decir, no sólo que se cumplan las previsiones del principio constitucional de solidaridad autonómica, sino también que la aplicación de éste no suponga un déficit de financiación de determinadas competencias en comunidades que aportan recursos con los que, paradójicamente, paliar esas desigualdades, entre otras cuestiones.

Resulta lógico, por tanto, colegir que no puede producirse un desequilibrio sensible entre las distintas regiones, ni por exceso ni por defecto.

Por otra parte, y a tenor de los antecedentes parlamentarios de nuestra democracia, es sencillo corroborar hasta que punto los apoyos en el Congreso de los Diputados de determinadas formaciones localizadas geográficamente se han traducido siempre en concesiones financieras y competenciales, por lo que no es recomendable, en consecuencia, en vísperas de la implantación de una nueva financiación autonómica, entablar negociaciones para recabar apoyos en la Cámara Baja con partidos que puedan solicitar una compensación en forma de una mejor situación para su comunidad.

En tal sentido es comprensible, pues, que por parte del PSOE se haya demorado alcanzar un acuerdo institucional hasta que se haya completado el rompecabezas de la financiación. Pero una vez transcurrida la fecha anunciada por Zapatero como límite para su establecimiento, 15 de julio de 2009, es acuciante la necesidad de consolidar un apoyo parlamentario estable no sólo para la aprobación de los Presupuestos Generales de 2010, sino para lo que resta de legislatura, ya que el desgaste que está produciendo al Gobierno la actual situación, puede comportar consecuencias especialmente gravosas ante las futuras elecciones autonómicas y municipales de 2011, por no mencionar las generales del año siguiente.

Dentro del elenco de posibilidades que aparecen en el horizonte de la aritmética parlamentaria, algunas quedan descartadas por motivos evidentes, caso del PNV y PP, lo cual obliga a escoger entre dos opciones principales: un acuerdo a dos bandas entre PSOE y CIU o bien con múltiples formaciones a escoger entre IU, ERC, CC, BNG, UPN, IC-V, UP y D y Nafarroa Bai. La primera es de difícil digestión a consecuencia del pacto tripartito que gobierna Cataluña, la segunda, aunque más engorrosa por motivos evidentes, entiendo que es más recomendable.

Tanto por el enfoque de marcado carácter social otorgado a las medidas anticrisis del Gobierno, como por la naturaleza del PSOE, la lógica dicta una negociación con el grupo IU-ERC-ICV (5 diputados) a los que cabría añadir los dos del BNG. Así, un pacto con formaciones de izquierdas garantiza el apoyo de futuras nuevas ayudas a los sectores más desfavorecidos por la crisis, como por otra parte salvaguarda al Gobierno de posibles virajes hacia la derecha impuestos por un guión “convergente” que pudieran poner en aprietos su coherencia ideológica.

En función de las futuras decisiones del Ejecutivo central en cuanto a temas como la ampliación del otorgamiento de la prórroga de la central nuclear de Garoña, o una posible regulación en materia laboral, se esclarecerán las incógnitas que de momento nublan el panorama político.

Pablo Martín
Diputat Socialista al Congrés

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